Desde el mes de enero, tres familias de la comunidad de Valle Esperanza, ubicada en el municipio indígena de Oaxaca, México, se han visto enfrentadas a actos de discriminación, amenazas de desalojo e incluso, en un caso particular, amenazas de violencia física. Lamentablemente, la situación se ha agravado en los últimos días, afectando de manera significativa a estas tres familias. Como forma de presión, las autoridades comunitarias decidieron interrumpir el suministro de agua a dichas familias, lo cual ha generado una situación aún más delicada.

Familias cristianas discriminados por no participar en su comunidad.

A las 11 de la mañana del 5 de enero, miembros de la comunidad de Valle Esperanza se presentaron en la residencia de Carlos Velázquez con un mensaje claro y contundente: «Ya no eres bienvenido aquí. Te pedimos que busques otra comunidad que te acepte». Los líderes comunitarios tomaron la decisión de cortar el suministro de agua a la vivienda de Carlos, argumentando que no había contribuido económicamente a la «Fiesta de los Reyes Magos», una celebración de carácter católico. Desde temprana edad, Carlos fue educado en la fe cristiana, sin embargo, no fue hasta el año 2020 que decidió comprometerse con Jesús y de bautizarse.

Lamentablemente, esta decisión desencadenó acoso y discriminación hacia él y su familia por parte de la comunidad. Desde entonces, han sido objeto de constantes ataques y amenazas, todo ello debido a su elección de profesar una fe distinta a la de la mayoría en su entorno. Carlos ha expresado su preocupación al respecto, señalando que este tipo de hostigamiento hacia los cristianos no es nuevo en la comunidad. De hecho, inicialmente había alrededor de 38 seguidores evangélicos, pero la presión ejercida por las autoridades y la ciudad llevó a muchos de ellos a renunciar a su fe.

Autoridades.

La principal razón de esta situación es la negativa de muchos cristianos de la zona a participar en las festividades tradicionales de la comunidad. A pesar de ser consideradas «celebraciones católicas», estas se apartan considerablemente de los principios enseñados en la palabra de Dios, dando lugar al desorden y la embriaguez. La familia de Raúl Méndez, también evangélica, se ha enfrentado a una situación similar al decidir no participar en las reuniones comunitarias.

En el año 2023, con el propósito de mantener la armonía, Carlos llegó a un acuerdo con las autoridades comunitarias. Se comprometió a contribuir con 29 dólares mensuales, con la condición de que no se le obligara a participar en las festividades. Lamentablemente, a principios del año 2024, las autoridades incumplieron el acuerdo establecido. Utilizaron el corte del suministro de agua a la familia como un método de extorsión para obtener más dinero. Ante la negativa de Carlos, fue detenido de manera injusta y acusado de agresión verbal y física.

Cristianos exigen justicia.

En el caso de Carlos, la intervención de los dirigentes municipales fue fundamental para demostrar la falsedad de las acusaciones en su contra, lo que finalmente condujo a su liberación. A pesar de este resultado positivo, lamentablemente las represalias contra su familia no cesaron. Un claro ejemplo de esto es el caso de su sobrina, Martha Velázquez, quien se vio privada de su suministro de agua como consecuencia directa de llevar a prisión los medicamentos para la diabetes de su tío.

«Mi exigencia es que la ley siempre esté del lado del ser humano. Eso es lo que espero de la justicia. En el municipio hay un total de 64 comunidades, con casi nueve mil habitantes. De ellos, alrededor de dos mil son seguidores del cristianismo. En nuestra comunidad somos 61 personas en total, con una minoría que profesa la fe cristiana. Por lo tanto, si no reclamo mis derechos, temo que esta situación se repita en otras comunidades y afecte a más personas de esta religión. Es por eso que mantengo una postura firme», declaró Carlos en un tono decidido y comprometido con la defensa de los derechos de su comunidad.

En el mes de enero, Carlos expuso su situación a los socios de campo de Puertas Abiertas en México, quienes se encuentran vigilando de cerca el caso y han movilizado a un abogado asociado del ministerio para brindar apoyo a Carlos y su familia. A pesar de que no han recibido un desalojo formal, la amenaza continúa latente. Incluso algunos vecinos han proferido amenazas de linchamiento hacia Carlos. Además, las tres familias se encuentran actualmente sin acceso a agua, lo cual representa una amenaza para su salud y bienestar, especialmente para los niños y los ancianos.

Fuente: Aepmp News